Insólitamente en medio de la pandemia por el coronavirus y la dedicación que se necesita para enfrentar a la enfermedad, el nuevo directorio de una clínica de Pergamino, decidió separar de sus funciones a un total de 11 trabajadores, a quienes, además, todavía no les liquidó lo que les corresponde de salario, ni tampoco una indemnización.

La nueva gestión de la Clínica General Paz, ubicada en la Calle Florida al 858, liderada desde el mes de octubre del año pasado por el empresario Julián Fierro, en compañía de Maximiliano Pimpinatti, como apoderado, y Federico Furnari, Ezequiel Monclus y Ramón Monclus, despidieron a los empleados que se desempeñaban en distintas áreas.

Lo curioso es que, según lo que denunciaron los trabajadores que se quedaron sin su puesto laboral, los dueños notificaron las cesantías mediante una serie de “cartas documentos erróneas, mentirosas y maliciosas”. Pero, lo insólito de la situación no se agota allí, sino que además, el directorio decidió echarlos cuando estaban gozando de la licencia anual por vacaciones.

Al respecto, el grupo de empleados que fueron despedidos le comentaron a NOVA que “cual nos sentimos agraviados e injuriados” por la forma en la que les informaron la cesantía. Por otro lado, exigen que los empresarios les abonen el mes de enero completo, ya que les corresponde a pesar de haber estado de vacaciones, como así también una indemnización.

Hasta el momento, las víctimas de Fierro y compañía no han recibido ningún de respuesta sus reclamos y ya están asesorados jurídicamente para saber cuáles son los próximos pasos a seguir. Por lo pronto, ya realizaron una presentación ante la delegación del Ministerio de Trabajo local para que interceda en el conflicto y así poder llegar a buen puerto.

En la misiva enviada a la dependencia estatal, solicitan una inspección laboral a la clínica, luego de que se enteraran que algunos de ellos habían sido echados a partir del 1 de febrero de este año, sin anticipación alguna y en plena batalla contra el coronavirus. Además, piden que intercedan en una intimación, para que los dueños paguen lo que les corresponde.

Por el momento, los empresarios brillan por su ausencia, mientras que el pedido de los ahora ex empleados del centro de salud ya se está tramitando en el Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, las víctimas sufren la crueldad de los dueños, que dejaron a once personas sin su puesto laboral, en una situación tan compleja como la que se vive no solo en Pergamino sino también en el país.