El veto del intendente al proyecto que buscaba actualizar los salarios municipales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a tensar el clima político local.

En ese marco, el concejal Ramiro Llan de Rosos cuestionó con dureza la decisión del Ejecutivo y planteó que el problema de fondo no es jurídico, sino estrictamente político. “Lo que se necesita es una decisión política”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la situación salarial de los trabajadores municipales “ya fue debatida hace días y nada ha cambiado”.

El edil también puso en duda los argumentos técnicos utilizados para justificar el veto, particularmente el dictamen del asesor letrado. “No es una decisión jurídica ni de legalidad, es una decisión política emitida por un funcionario político del intendente municipal”, afirmó. En ese sentido, agregó que los dictámenes “no son vinculantes” y deslizó críticas sobre su imparcialidad: “Dudo que haya algún dictamen que vaya en sentido opuesto a los intereses del municipio”.

Tras el veto, el expediente fue girado nuevamente al Concejo Deliberante y quedó en comisión para su análisis, lo que abre la posibilidad de nuevas discusiones e incluso una eventual insistencia por parte del cuerpo legislativo. Mientras tanto, el conflicto por la actualización salarial de los municipales sigue sin resolución concreta y se mantiene como uno de los principales ejes de debate en la agenda local.