El intendente Javier Martínez firmó el veto total a la ordenanza aprobada recientemente por el Honorable Concejo Deliberante que establecía un mecanismo de actualización salarial para los trabajadores municipales. La iniciativa, impulsada por la oposición, proponía ajustar los haberes mensualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

En el decreto, el Ejecutivo sostiene que la ordenanza “presenta vicios de legalidad e irrazonabilidad”, y cuestiona tanto su contenido como el procedimiento legislativo. Entre los argumentos, se señala que el proyecto fija pautas salariales de manera automática y acumulativa, lo que —según se expresa— podría afectar el equilibrio financiero del municipio.

Además, el texto menciona que la norma incluía una cláusula transitoria para actualizar salarios desde enero de 2026, lo que implicaría una aplicación retroactiva. También se remarca que durante el tratamiento no se habrían contemplado adecuadamente las instancias de negociación paritaria ni las competencias propias del Departamento Ejecutivo en materia salarial.

Finalmente, el decreto dispone vetar en su totalidad la ordenanza y remitirla nuevamente al Concejo Deliberante para su revisión. De esta manera, se abre un nuevo capítulo en la discusión por las paritarias municipales, en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y los gremios, que reclaman una recomposición salarial frente a la inflación.