El operativo de documentación estaba a cargo del concejal del FPV Ricky Ruggeri y la Fiscalía a cargo de Alejandra Gioti pudo constatar los hechos. El Diputado Nacional y candidato a intendente Héctor María Gutiérrez y la concejal Gabriela Taruselli realizaron una conferencia de prensa en la que denunciaron públicamente la existencia de un proceso de documentación clandestina en un hogar particular.

El legislador relacionó este hecho con las “viejas prácticas conservadoras de la época del fraude en nuestra Argentina”, ya que sospechan que el día de las elecciones generales entreguen el DNI junto con la boleta del partido político al cual pertenecen.

Gutiérrez aseguró haber “alertado a dirigentes nacionales sobre esta situación” y pidió que el Concejo Deliberante evalúe el accionar de Ruggeri.

Documentación clandestina

“Hace un par de días, vecinos de la ciudad venían señalándonos que existían procesos de documentación clandestinos en hogares particulares y no podíamos detectarlos. Pero en el día de ayer pudimos localizar un domicilio en calle Salta 1847, cuyo titular es un señor de apellido Baldaceroni. Allí se estarían efectuando documentaciones clandestinas. A partir de esta información, la concejal Taruselli se presentó en la Fiscalía de la doctora Gioti haciendo una denuncia de los hechos y, con una prontitud y una rapidez que debe ser elogiada, esa Fiscalía comenzó a constatar los hechos que la concejal estaba denunciando”, explicó el parlamentario.

Continuando con el relato que describe la situación los hechos ocurridos, Taruselli detalló: “Una vez que la Fiscalía, junto con la Departamental de Investigaciones, se hizo presente en el domicilio encontró funcionarios del Ministerio del Interior que conjuntamente con el concejal Ruggeri reconocieron que efectivamente se había llevado adelante un operativo de documentación. Cuando se indagó, y eso está en el acta de constatación, el por qué esto se estaba realizando en un domicilio particular y se los consultó sobre si era un operativo abierto, a lo que ellos respondieron que era un operativo cerrado”.

“Esto es sumamente llamativo. Estamos pidiendo que la Fiscalía investigue la posible comisión de delito. En principio creemos que esto se trata de un tráfico de influencias. No cualquier vecino puede conseguir que dos funcionarios del Ministerio del Interior con una computadora, que tiene obviamente la conexión directa para realizar las tramitaciones de este Ministerio vayan a su domicilio. Esto parecería ser una especie de delivery de documentación con lo que significa la obtención del DNI, para lo cual no todos los ciudadanos tenemos acceso de esta manera”, indicó la concejal.

Luego, remarcó la gravedad del hecho y denunció: “Desde el 6 de febrero en el Registro del barrio Acevedo no hay máquinas o PC que permiten dar altas de documentación. Hace 6 años que no se da alta de documentación en la subdelegación del Hospital, donde se da la mayor cantidad de nacimientos de nuestra ciudad. Y resulta que un concejal, puede llevar a un domicilio particular con una gestión que significaba que él daba los turnos, citaba a la gente, y desde ahí se procedía a generar un operativo. Esto es de suma gravedad, no solo por lo que significa hacer un operativo en un lugar cerrado, que no es público, esto no estaba siendo promocionado, y en todo caso hay muchos espacios públicos en la ciudad desde los cuales se podía llevar adelante este operativo. La utilización del espacio privado tiene que ver con una respuesta del clientelismo político”.

Consecuencias

A continuación, Gutiérrez se refirió a las consecuencias de los hechos, recordó que el concejal Ruggeri participa del espacio político del candidato a intendente Lisandro Bormioli, y señaló: “Esto es grave porque hay un espacio político, con concejales que están efectuando estas prácticas. Intimamos al concejal Ruggeri a que en forma pública entregue los documentos que se realizaron. Porque esta práctica indica que el día de la elección, junto con la boleta le entregan el documento. Viejas prácticas conservadoras de la época del fraude en nuestra Argentina”.

“Queremos alertar a la dirigencia nacional sobre el acontecimiento que ha ocurrido en Pergamino, porque esto puede estar sucediendo en distintas latitudes del país, y fundamentalmente en el conurbano más profundo donde sin ningún tipo de escrúpulos se puede estar manipulando la voluntad popular”, amplió.

En cuanto a la responsabilidad que le puede caber al Ministerio en cuestión, el exintendente dijo que “está claro que esta práctica no está habilitada, razón por la cual creemos estar frente a un delito federal, que puede eventualmente rozar al propio Ministro del Interior o a los subalternos a cargo de los procesos de documentación”.

Seguidamente, Taruselli aclaró que “los funcionarios van a ser citados por la Fiscalía para hacer las declaraciones correspondientes”.

Y añadió: “Según la información aportada por vecinos, en dos días se habrían hecho más de 300 documentos. Esto es un límite que no podemos tolerar. No existen operativos de documentación en un domicilio privado”.

“Un hecho sin antecedentes”

Por último, y reflexionando sobre lo acontecido el diputado sentenció: “Estamos frente a un hecho de una gravedad inusitada, sin antecedentes en nuestra localidad. Queremos advertir sobre este tipo de prácticas. En octubre hay que votar bien. Sabemos que Ruggeri es familiar de un pariente del ministro Randazzo, seguramente el contacto viene por esa vía. Ya que según nuestro conocimiento Ruggeri no tiene funciones en  el Gobierno Nacional. Razón por la cual se suma una anomalía más a esto. Creemos que hay una suerte de favoritismo familiar en función de esta prerrogativa que está ejerciendo antidemocráticamente e ilícitamente el concejal Ruggeri. Creo que el Concejo Deliberante también deberá evaluar la conducta del concejal”. (www.PergaminoCiudad.com.ar)