PERGAMINO, Noviembre 11 (www.PergaminoCiudad.com.ar) Sobre el mediodía del pasado lunes, el Juzgado de Garantías Nº 1 recibió el requerimiento de elevación a juicio de la denominada causa “Spartacus”, solicitado por los fiscales Guillermo Villalba, Mario Daniel Gómez y Karina Póllice.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, designados oportunamente por la Fiscal General, Amalia Rava para que trabajen en conjunto esta compleja investigación, imputaron a once personas por los delitos de: trata de menores de 18 años y de mayores de edad, facilitación y promoción de la prostitución de menores y mayores de 18 años, facilitación y promoción de la prostitución o corrupción de mayores de edad, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica reiterada y tenencia ilegal de arma de fuego, ya sea en carácter de autores, co-autores y/o partícipes.
La labor de los fiscales consistió en un agudo e incesante proceso investigativo que comenzó el 23 de mayo de 2007 por una presentación efectuada por concejales de distintos bloques, a raíz de un allanamiento realizado el 3 de abril del mismo año en un local de esparcimiento nocturno -cabaret- denominado Spartacus, ubicado sobre la Ruta Nacional N º 8 y calle José Hernández, por parte de personal de Gendarmería Nacional.
Esa diligencia se efectivizó por una orden de allanamiento emanada del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, a cargo de Ramón Claudio Chávez.
En la oportunidad, se detectó la presencia de quince mujeres de nacionalidad paraguaya que se encontraban en el lugar allanado ejerciendo la prostitución -dos de ellas menores de edad-, las que habían sido reclutadas en Ciudad del Este, Paraguay, para luego ser ingresadas ilegalmente a la Argentina con documentación falsa y posteriormente trasladadas a Pergamino, más precisamente al cabaret Spartacus, donde ejercieron la prostitución.
Numerosas diligencias
Antes que la causa llegué a manos del juez de Garantías, César Solazzi, para que examine la elevación a juicio solicitada por los fiscales, se realizaron numerosas diligencias, solicitándose varios libros, actas y documentación en general de dependencias públicas y policiales, e información a la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), con la cual se solicitó por intermedio de Fiscalía General al secretario del Departamento de Policía Judicial de la Procuración General bonaerense, Jorge Enrique Amorin, la designación de un grupo especializado, a efectos que los mismos realizaran la tarea de entrecruzamiento de llamadas entre los imputados, labor que recayó sobre la Dirección de Análisis de las Comunicaciones a cargo del comisionado Gustavo Rodríguez.
A lo largo del trámite del expediente, los fiscales recepcionaron numerosas declaraciones testimoniales que resultaron esenciales para el avance de la investigación, entre las que vale destacar la entrevista con la responsable del área para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas, Gloria Bonnato, en la sede de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la licenciada en Psicología, María Martha Lozano, quien mantuvo contacto voluntario con cuatro de las víctimas, cuando estas estuvieron alojadas en esa dependencia a solicitud de la Oficina de Asistencia a la Víctima (Ofavi), dependiente de la Procuración General de la Nación.
También resultaron de vital importancia las entrevistas mantenidas con las licenciadas Gabriela Fernández y María José Torres, pertenecientes a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que fueron las profesionales que asistieron a las víctimas a través del Programa Avot, contándose además con la valiosa colaboración de la Fiscal a cargo de la Unidad Especializada en Trata de Personas del Ministerio Público Paraguayo Teresa Martínez, con sede en la ciudad de Asunción, República de Paraguay, de conformidad a lo establecido en el Convenio de Nassau en lo concerniente a la Cooperación Judicial en Materia Penal, quien logró certificar la edad de las menores de nacionalidad paraguaya.
Vale destacar la permanente colaboración prestada por el cuerpo de instructores judiciales de la Procuración General, quienes por orden de los fiscales realizaron numerosas diligencias para el esclarecimiento del hecho que acaba de elevarse a juicio ante el Juzgado de Garantías Nº 1. (www.PergaminoCiudad.com.ar)
