El País

Víctimas, historias, cambios

CAPITAL FEDERAL, Octubre 24.-(Por Mario Wainfeld ) Las víctimas y los protagonistas políticos. La fiscal y un acierto. La Federal, fuera de la investigación. Pedraza, una trayectoria. Moyano, otra distinta. Sindicalismos en pugna y también unidos: contradicciones, conflictos, paradojas. La necesidad de respuestas políticas, además de las judiciales.

Un asesinato político divide aguas, connota nuevas etapas. El kirchnerismo restringió la represión a la protesta social como ningún gobierno anterior lo hizo. Fue una decisión relevante, hasta fundacional, un giro tras los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, con anuencia e incitación de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Por años, con la trágica y tremenda excepción del maestro Carlos Fuentealba a manos de la policía neuquina, no hubo que añadir nombres a la interminable lista de militantes, luchadores y dirigentes que dejaron su vida. Mariano Ferreyra fue víctima de un crimen político diferente, pues (todo lo indica) fue cometido por una patota sindical. Político es el crimen, sus consecuencias y repercusiones lo son y lo serán.

Las víctimas, conforme las mejores tradiciones, merecen ser nombradas. La negación del otro, ínsita en el homicidio, se combate (en parte) con la exaltación pública, la individuación de la persona asesinada. El joven militante Ferreyra debe ser nombrado, una y otra vez. Su imagen, recordada y repetida.

La condición de víctima otorga en la Argentina un grado de audibilidad a los sobrevivientes, de memoria a los muertos, de respeto a todos.

Víctimas de la matanza de Barracas son los que murieron, los heridos (como Elsa Rodríguez, que sigue luchando por sobrevivir), sus familiares, sus amigos. También, entiende el cronista, sus compañeros de militancia. Para ellos, van la solidaridad, el abrazo y la promesa de no olvidar, que acá se formulan.

En esa enumeración se agotan las víctimas del crimen. La política impregna todo (no es una crítica ni una celebración, apenas una corroboración), Barracas producirá consecuencias. Beneficiará a algunos protagonistas o sectores, perjudicará a otros. Por mal que le fuera ninguno es víctima, ninguno puede arrogarse esa condición..., una obviedad que vale resaltar.

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Sencillo y complejo: Las responsabilidades penales se dirimen en los tribunales. En el estadio actual el caso parece, en ese aspecto, sencillo en general. El autor material estuvo dentro de un grupo bastante identificado. Los cómplices pueden rastrearse en la propia patota, en quiénes la reclutaron y orientaron. Quizás haya instigadores más arriba, debe averiguarse a fondo.

La fiscal y la jueza a cargo deben apurarse para colectar las pruebas de cargo porque el transcurso del tiempo borra las huellas, juega a favor de los encubridores. Empero, la pesquisa debe ser larga, no atolondrada. El encadenamiento de culpables “hacia arriba” es irrenunciable y central, por eso mismo no debe bartolearse. Quienes sean acusados o procesados gozarán de las garantías constitucionales: hay que precaverse de una instrucción determinada por la lógica mediática, siempre inmediatista y ansiosa. Puede, queriéndolo o no, facilitar la impunidad en el juicio.

La fiscal Cristina Caamaño se maneja razonablemente, dentro de lo que se conoce. Acertó (y se jugó) al excluir a la Policía Federal de la investigación, porque los uniformados están bajo sospecha. Los militantes atacados denunciaron que hubo “zona liberada”: es su percepción, no una comprobación acabada. Pero no suena delirante, conociendo los precedentes de la Federal: muchos vecinos porteños se han quejado de acciones parecidas, en los últimos meses. Aun sin haber mediado dolo, puede haber culpas graves. Negligencia en llegar al lugar de los hechos, por desidia, mala onda hacia los intervinientes, falta de profesionalismo. Este es un cargo muy creíble, sujeto a la presunción de inocencia, pero de forzosa investigación.

Tras unas horas de silencio, búsqueda de data y estupefacción, el primer nivel de la Casa Rosada habló con sensatez. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, condenaron el hecho y prometieron investigarlo a fondo. Luego, sobraron y faltaron palabras en el Gobierno. Sobraron, por ejemplo, los prematuros avales de Aníbal Fernández a